Al respecto, Sandra Álvarez, fundadora de la ONG Proyecto Vida Digna, consideró que la “mayoría de los chicos que llegan a una unidad penal pasaron mucho tiempo buscando lugares para poder internarse o ser asistidos, la familia sufre muchísimo y queda afuera. Estamos llegando tarde, tenemos que llegar antes”. “Hay 51 mil presos en la provincia de Buenos Aires, 5 mil están en comisaría y la oportunidad de recuperación no llega para todos. Hay cosas que tenemos que empezar a mirar con amor. Los procesos de recuperación son muy lentos y las familias estamos muy solas”, aportó.
Claudia Cazabat, directora nacional de Atención Crítica, expresó que es “importante reconocer a la persona como un sujeto de derechos, no cualquier persona tiene un consumo problemático, las respuestas deben ser singulares. La exclusión no favorece al tratamiento”. “Es importante el trabajo en red. Tenemos que trabajar en forma conjunta con Educación, Salud, Desarrollo Social, con todos los actores de la comunidad. La ley se refiere a la reglamentación de cómo tiene que ser la internación involuntaria, tenemos que ver los huecos y dónde trabajar para la plena implementación de la ley”, aseguró.
“Nos encontramos que personas de los ámbitos de salud o judicial se niegan a firmar las internaciones. Tendríamos que articular la forma. Tendríamos que tener una cultura de tipo preventivo. Creemos que tendría que haber una ley nueva, que no hay que tener a la gente en los manicomios, pero las comunidades terapéuticas no son psiquiátricos”, agregó Diego Celli, director y fundador del Hogar “Jesús es mi Refugio”.
En tanto, Marisol Froy, miembro de “Madres del Ser”, pidió por una “ley específica en adicciones donde el acceso al sistema de salud sea acorde a la problemática real y actual. Y a al mismo tiempo solicitó la emergencia en salud, para la “creación de más dispositivos de abordaje”.
Por su lado, Leonardo Gorvacz, ex diputado y coautor de la ley de Salud Mental, recordó que las leyes existentes fueron votadas por amplia mayoría. “Hemos podido construir consensos alrededor del tema de las adiciones y la salud mental, no significa que se haya resuelto el problema”. “La ley no prohíbe la internación involuntaria, expone un criterio y un sistema de control, el tema es cómo se interpreta en la guardia, se podría mejorar, pero no hace falta cambiar la ley, tal vez establecer protocolos. La verdadera prevención es construir una sociedad con más oportunidades”, fundamentó.
El médico Andy Blake agregó que Argentina no tiene un mecanismo de medición sistemático de los problemas de salud mental y adicciones. “Saber con qué recursos humanos contamos y su distribución geográfica es importante. Tampoco tenemos información de qué tipo de problemas de salud mental tenemos. Lo que no se mide no se conoce, lo que no se conoce no se puede abordar”, afirmó. Y propuso unificar leyes, “no generar leyes por problemas”.
Mariano Rey, director Provincial de Salud Mental, manifestó que “podemos decir que el sistema sanitario que recibimos es bastante fragmentado con poco nivel de articulación. Todavía cuesta llegar a aquel que más nos necesita y ahí hay un proceso de trabajo que también tenemos que dar”.
Además participaron, Hugo Leale, director del “Observatorio de Prevención y Promoción de Salud Comunitaria”, Facultad de Psicología. UBA; Mariano Rey, director Provincial de Salud Mental; Alicia Stolkiner, doctora en Salud Mental, Investigadora y Docente Universitaria. Integrante de la Mesa de Expertos en Salud Mental; Alberto Trimboli, doctor en Psicología Social, coordinador del Sector de Adicciones del Hospital Álvarez; Gabriel Avena, especialista en Salud Mental y Adicciones; Osvaldo Denton, asociación “Hay Salida”; Norma Galeano, directora de Madres territoriales; Luciano Grasso, ex director Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud de la Nación, entre otros.
