"Más del 90% de los presos en la Ciudad de Buenos Aires no deberían ser juzgados ni condenados por la jurisdicción porteña. Hay un problema que se arrastra desde la pandemia, con más de 1.800 detenidos que no son responsabilidad de CABA.

"Si bien ha habido diálogo con el Gobierno Nacional para resolverlo, la Ciudad tiene pocos delitos bajo su competencia que terminan en prisión efectiva. Por eso, no tenía sentido contar con un sistema penitenciario de gran escala. Si se suman 2.000 personas en un espacio sin capacidad, se generan malas condiciones para los presos y problemas de seguridad."

"El Gobierno Nacional demoró la transferencia de fondos para avanzar con la obra, pero ojalá a fin de año tengamos una cárcel. Sin embargo, no soy optimista: la responsabilidad de solucionar esto es del Gobierno Nacional, no de los porteños."

"La población carcelaria mayor de 70 años, sumada a quienes están en prisión preventiva, no alcanza ni a un tercio del total, por lo que no puede considerarse una solución."

"El problema es claro, el Gobierno Nacional debe firmar acuerdos con provincias y prisiones en condiciones de albergar detenidos y trasladarlos. No puede ser que, por falta de infraestructura nacional, el problema se traslade a la Ciudad de Buenos Aires, que no tiene capacidad, y encima termine siendo atacada por el Gobierno Nacional."

"Por la pandemia, la Nación trasladó el problema a la Ciudad, y la población carcelaria porteña creció hasta fines del año pasado."

"La idea de los barcos es para evitar discutir con el Gobierno Nacional o con la Ciudad, con quienes quiere mantener una buena relación."

"Si el Estado no tiene herramientas o incentivos para desarrollar soluciones a corto plazo, se puede abrir una licitación y establecer un esquema público privado para la construcción de cárceles."