“Yo soy uno de los 10 directores del Banco Nación desde que asumió el nuevo directorio con la presidencia de Eduardo Hecker, sigo en mi lugar. Hubo cuestiones pero fomentadas por los medios, preguntándole a funcionarios para que opinen pero nunca hubo algo por parte del ejecutivo y tampoco debería haberla, hay cierta confusión a veces en el hecho objetivo. En mi caso particular soy director del Banco Nación porque soy integrante de una de las fuerzas políticas que constituye la coalición electoral del Frente de Todos, en particular soy el presidente de Unidad Popular y cuando opino sobre temas ajenos al banco, como el rumbo general del gobierno, lo hago como integrante de esa coalición. Tener posiciones distintas en ese aspecto no tiene porqué implicar que uno deba dejar de cumplir los roles que ocupa, depende de si en el rol que uno ejerce encuentra obstáculos para hacerlo pero no es mi caso” dijo Claudio Lozano en El Disparador.

“En el directorio del Nación hemos llevado adelante una tarea importante en estos dos años, tengo una responsabilidad en la pequeña y mediana empresa dentro del banco y trato de desempeñarla lo mejor posible. He trabajado bastante en la denuncia de Vicentin y lo que el banco hizo en ese aspecto, no habría razón para que yo saliera de aquí. Se detuvo al presidente de Vicentin que ayer era el contador, por lo tanto tiene las huellas puestas en los balances del 2017, 2018 y 2019 que son falsos. El del 2019 es el balance que corresponde a la cesación de pagos de Vicentin que se terminó presentando un año después y está totalmente falseado e indica que en los balances anteriores se ocultaron las deudas para conseguir financiamientos, con el que sostuvo un funcionamiento que le permitió derivar recursos de un negocio importante que manejaba hacia las fortunas por parte de sus dueños con cuentas en el exterior. Por un lado acumuló deuda en lo que era la empresa madre y por otro lado colocó buena parte de su patrimonio afuera.”

“Es imprescindible que el Estado tome cartas en el asunto, sino a donde vamos con el caso Vicentin es a un proceso de mayor concentración de mercado, de comercialización de granos, de mayor extranjerización y seguramente con desguace de la empresa y crisis laboral, evitar esos fenómenos es lo que se requiere. El modo en que intervino el Estado no fue feliz, no se buscó aclarar cuáles eran los términos del problema, ni se establecieron los vínculos con los productores que fueron esquilmados por Vicentin ni con las cooperativas agropecuarios o los laburantes involucrados en el problema, si se hubiera conversado una estrategia común con estos sectores hubiera sido diferente. Lo que falló es que no se dimensionó adecuadamente el nivel de conflicto que iba a desatar llevar adelante una estrategia que implicaba que el Estado volviera a poner un ojo en el comercio exterior de granos, ahí transita un aparte importante del poder económico de Argentina. Vicentin es la 6ta exportadora del país y del triángulo Paraguay, Rosario, Montevideo, que es por el que sale buena parte del comercio de granos, el nivel de opacidad y oscuridad por el que se pierden millones de dólares. Tener un nivel de control iba a implicar un debate con el poder económico fuerte y fue lo que ocurrió, se utilizó la capacidad de algunos pueden para incidir y en segundo lugar se trabajó con la ignorancia del tema. Hoy está todo mucho más claro porque han avanzado las causas judiciales, lo que pasa con el presidente de Vicentin es una demostración en este sentido” le comentó Lozano a Maxi Sardi.

“La relación con los formadores de precios tiene la debilidad del lado del gobierno, hubo un enfoque que privilegió la idea del diálogo sin entender que hay lógicas de funcionamiento por parte de la economía que tiene que ver con la de los mercados y eso exige regulaciones firmes. No se puede dialogar en el aire ni confiar en que van a colaborar porque no sería de colaboración sino de maximización de beneficios. Toma de ejemplo la relación con el FMI, se pensó que iba a haber una actitud por parte de este de darle oxígeno a Argentina pero fue equivocada. En materia de reservas estamos complicados, difícilmente se pueda alcanzar la meta, por eso hay manifestaciones en esta segunda revisión, la discusión de que un weaver podría ser parte de las negociaciones, lo que pasa también es que es un acuerdo que quedó viejo antes de empezar. Buena parte de los criterios por los que se sustentaba saltaron por el aire con el conflicto bélico, es un acuerdo de carácter inflacionario por lo que le complica la vida a un país que necesita tomar control sobre la situación de precios. El acuerdo le pide que ajuste un tipo de cambio, suba las tasas de interés e incremente las tarifas, lejos de tranquilizar la situación la agrava. Es un acuerdo viejo e inconveniente, lo más loco es que hayamos arribado a este acuerdo donde el FMI no se hizo cargo de nada cuando hay corresponsabilidad por parte de ellos en la crisis argentina demasiado evidente. El problema no fue sólo de Argentina o del gobierno de Mauricio Macri, también hubo un fondo que prestó cuando no podía hacerlo y encima prestó más de lo que podía, no interrumpió la asistencia financiera cuando estaba obligado a hacerlo. Esos son actos de ilegalidad que le permitirían a Argentina plantear una discusión con el organismo multilateral por el trato recibido.”

“El enfoque que piensa que la relación con el núcleo del poder económico de Argentina debe sostenerse en el diálogo y no en la construcción de marcos de regulación e intervención del Estado mucho más firmes está equivocado, no da resultados y está por detrás del fracaso y la derrota electoral del gobierno. Argentina tenía todas las condiciones para poner en marcha la recuperación de la actividad económica, de hecho ocurrió respecto a los pisos en los que había caído a lo largo de la pandemia, pero hubo un mantenimiento de procesos inflacionarios y de estrategias de ajuste que ampliaron los niveles de desigualdad e hicieron que la actividad se concentre en pocas manos. Ahí está el eje central de la derrota del gobierno y la pérdida de 5 millones de votos en la elección del 2021, eso es lo que habría que rectificar no dentro del Frente de Todos sino porque lo demostró la propia población.”

“El impuesto de la renta inesperada es correcto como lo fue el impuesto a las grandes fortunas, hay que avanzar sobre los que tengan capacidad. Es un planteo que intenta dar un rodeo que de alguna manera se podría haber hecho más sencillo con la instrumentación de las retenciones. No tiene lógica que perdamos tiempo en discusiones parlamentarias innecesarias cuando la necesidad de desacoplar precios internos e internacionales se hace con más facilidad con las retenciones. No sé si el gobierno busca fracasar sino que veo difícil que en el marco de la composición parlamentaria actual este proyecto prospere. Hay una necesidad de controlar los precios de los alimentos urgente, antes de la guerra ya era necesario, hoy es imprescindible, es una voluntad del poder ejecutivo hacerlo. Da la sensación de que vamos a la renta inesperada como una manera de poner un gramo de justicia en un contexto de dificultad por no poder hacer lo que se debe" declaró Claudio Lozano.