Yamil Santoro: “Los recolectores de basura cometieron el delito de atentado contra la autoridad”

Hablamos con Yamil Santoro, legislador porteño por Republicanos Unidos, acerca del conflicto por la licitación de grúas de acarreo en la Ciudad de Buenos Aires que involucró una medida de fuerza de los recolectores de basura vinculados al gremio de Camioneros.

 

“Entendemos que se configuró el delito contemplado por el artículo 237 del Código Penal de atentado contra la autoridad, buscando que el Gobierno haga o deje de hacer algo”

“Los camioneros usan las herramientas que tienen en los distintos ámbitos que controlan para ejercer presión”

“Si bien a priori podría no parecer tan obvio que discutiendo grúas terminás teniendo un quilombo con basura, cuando entendés que detrás de ambos casos está el mismo gremio el tema adquiere forma y nitidez rápidamente”

“El problema es que acá terminan generando un hecho que atenta contra la salud pública y contra el bienestar general de los ciudadanos para tratar de presionar al Gobierno de la Ciudad al que ceda”

“No tiene mucho sentido, porque el contrato que estaban tratando de defender le representa a la Ciudad el doble o más del costo en la operación que la administración en los términos actuales”

“Una cosa es la discusión de los empleados y otra muy distinta querer imponer un mal contrato para la Ciudad mediante la fuerza”

“Normalmente, en este tipo de licitaciones se arman consorcios de empresas donde muchas veces un testaferro o amigo termina apareciendo como un proveedor estratégico. Es un modus operandi recurrente y el gremio de Camioneros es, por su capacidad de presión y extorsión muchas veces un socio forzoso en estas situaciones”

“A priori, para el trabajador liso y llano no hay una gran diferencia contractual entre un modelo y el otro. La manera en la que se han manejado denota que hay algo más”
“Fue un poco desprolijo de parte del Gobierno estar yéndose y dejarle algo firmado al que sigue sin negociarlo”

“Fue un acto de irresponsabilidad política dejar eso firmado y, si además es inconveniente para la Ciudad, corresponde revocarlo sin mucha vuelta”

“Este Gobierno incurre en una zona riesgosa con esto de las contramarchas”

“En casos como el Plan Microcentro, donde ya hay una ley de la Legislatura sancionada, no se puede suspender el régimen o generar cambios sustanciales fundamentalmente porque ya había gente que había hecho inversiones, el cambio en las reglas de juego no es positivo”