“Es una situación muy complicada porque en el conflicto están involucrados docentes estatales. El gran problema es que se llama a paritarias dos días antes de que comiencen las clases. Para salir de esto intento una mediar el Defensor del Pueblo que fracasó y hay una gran presión de los trabajadores docentes por lo que los dirigentes están llevados a esta situación por las bases docentes. Tampoco es solución considerarlo servicio esencial porque no está en juego la vida de nadie. Las dos partes están muy firmes y acá nadie puede mediar porque el Estado es parte del asunto. Los docentes sin quererlo están volcando a la gente a la educación privada. El problema de la conciliación obligatoria es que vamos a esperar diez años a que la Corte Suprema resuelva si es constitucional o no porque limita el derecho a huelga. El derecho no es una ciencia exacta, el conflicto no se va a resolver porque un juez haga lugar a un amparo. Es complejísimo el tema, ¿Qué vale más el derecho a huelga o a la educación? Ambos son derechos constitucionales. Alguien tiene que levanta el pie del acelerador de alguna manera. Acá nadie puso paños fríos al hecho. No se me ocurre como puede resolverse esto”.